Cómo pueden los hospitales europeos adquirir algo que aún no existe

Un hospital que busca una solución que aún no comercializa nadie se encuentra en una situación delicada. El proceso de contratación público habitual compara ofertas de un producto ya existente; no existe ninguna referencia en el catálogo para algo que aún debe desarrollarse, y un equipo de contratación que improvisa ante esta circunstancia se expone a riesgos legales. La legislación europea en materia de contratación pública reconoce esta situación y establece vías específicas. Estas vías se utilizan realmente -y también son realmente exigentes-, razón por la cual los proveedores innovadores y los compradores públicos a menudo no logran encontrarse. El objetivo de esta página es hacer que el panorama resulte comprensible para ambas partes.

Las consultas de mercado fracasan por una razón previsible: los proveedores no desean revelar lo que pueden ofrecer en un foro abierto, y los compradores no quieren dar la impresión de haber preseleccionado a alguien. Ambos son temores razonables y, entre ambos, dan lugar a consultas en las que no se dice nada útil. Una solución que se aplica en los Países Bajos es un modelo en dos fases con un facilitador independiente -un agente de confianza que no actúa en nombre del comprador-. En primer lugar tiene lugar una sesión de intercambio de ideas a puerta cerrada con los líderes del mercado; a continuación, se celebra el diálogo abierto con el mercado, con unas normas de participación acordadas por ambas partes. La independencia del facilitador es la base de todo el mecanismo, y está protegida por su identidad y su forma de financiación, no por buenas intenciones.

Todo ello se basa en directivas europeas, pero la contratación pública se rige por la legislación nacional, y las diferencias no son meramente superficiales. El análisis subyacente abarca Alemania, España, Francia, el Reino Unido, los Países Bajos e Italia -cada uno con su propio marco normativo para la contratación pública orientada a la innovación, sus propias denominaciones de procedimientos, sus propios umbrales y sus propias iniciativas nacionales para promover esta práctica-. España, por ejemplo, otorga a las asociaciones de innovación un fundamento normativo explícito y refuerza la contratación pública en materia de innovación a través de su legislación en materia de ciencia y tecnología. El Reino Unido regula la contratación pública en materia de innovación en virtud del Reglamento de Contratos Públicos de 2015, junto con la Ley de Contratación Pública de 2023, que modernizó el régimen con normas simplificadas y una plataforma digital centralizada. Cada uno de estos seis países cuenta con su propio marco normativo, sus propias denominaciones de procedimientos y sus propios umbrales, y ninguno de estos elementos se transfiere automáticamente de uno a otro.